Hablar de desahucios en Mallorca en 2026 obliga a mirar más allá de una simple cifra.
Los últimos datos oficiales muestran que los lanzamientos judiciales han descendido de forma muy importante en Baleares respecto al año anterior. Sin embargo, al mismo tiempo, organizaciones como la PAH y el Sindicato de la Vivienda de Palma alertan de que muchas familias siguen teniendo serias dificultades para mantener su vivienda, especialmente cuando termina su contrato de alquiler o el propietario plantea una subida de la renta.
La fotografía es, por tanto, bastante más compleja de lo que podría parecer a primera vista.
Los desahucios judiciales han bajado
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, durante el primer trimestre de 2026 se practicaron 54 lanzamientos en Baleares, frente a los 272 registrados en el mismo periodo de 2025.
La caída fue del 80,1 %. De esos 54 lanzamientos, 48 estuvieron relacionados con procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, es decir, principalmente con impagos de alquiler. Otros dos fueron consecuencia de ejecuciones hipotecarias y cuatro correspondieron a otras causas.
A primera vista, la cifra parece una buena noticia. Y lo es si hablamos exclusivamente de los lanzamientos judiciales efectivamente practicados. Pero hay que tener cuidado a la hora de interpretar estos datos.
Menos desahucios no significa que haya desaparecido el problema de la vivienda
Una de las principales dificultades para analizar la situación de Mallorca es que no todos los problemas que terminan provocando la salida de una vivienda aparecen estadísticamente como un desahucio judicial.
Un ejemplo especialmente importante son las finalizaciones de contrato. Una familia puede estar pagando puntualmente su alquiler y, aun así, encontrarse con que el propietario no quiere renovar el contrato o plantea unas condiciones económicas que no puede asumir.
En ese caso puede terminar teniendo que abandonar la vivienda sin que necesariamente exista un procedimiento judicial de desahucio por impago. Y este fenómeno preocupa especialmente en Palma.
La situación del alquiler preocupa en Palma
El Sindicato de la Vivienda de Palma hizo público en agosto un balance correspondiente al curso 2025-2026 en el que aseguraba haber atendido 90 casos. De ellos, 78 estaban relacionados con alquileres.
Dentro de estos casos aparecían problemas por finalización de contratos, subidas de renta, prórrogas, presunto acoso por parte de propietarios, alquileres de habitaciones y otras situaciones. El sindicato contabilizó 67 casos relacionados con finalizaciones de contrato y 45 con subidas de alquiler.
Hay que tener en cuenta que estas cifras proceden de una organización social y no equivalen a estadísticas oficiales de desahucios. Pero sí sirven para conocer qué problemas están llegando a las entidades que trabajan directamente con personas afectadas.
El precio del alquiler es una parte fundamental del problema
La dificultad para mantener una vivienda en Mallorca está estrechamente relacionada con el precio del alquiler. Según datos publicados en agosto de 2026 a partir de un estudio de Idealista, Palma es la ciudad española donde mayor esfuerzo supone el alquiler, con una tasa del 45 % de los ingresos netos familiares.
En el caso de la compra, el esfuerzo alcanzaría el 48 %. Es decir, una familia que consigue mantener su alquiler puede estar destinando una parte extraordinariamente elevada de sus ingresos a pagar la vivienda.
Y eso deja poco margen para afrontar una subida de renta, una pérdida de empleo, una separación o cualquier otro imprevisto económico.
24.000 contratos de alquiler en el punto de mira
Otro dato que ayuda a entender la tensión existente es el número de contratos que tenían prevista su finalización durante 2026.
La PAH de Mallorca alertó en marzo de que alrededor de 24.000 inquilinos de Baleares tenían previsto finalizar su contrato de alquiler durante este año y reclamó que solicitaran las prórrogas previstas por las medidas extraordinarias aprobadas por el Gobierno.
Eso no significa que 24.000 familias fueran a ser desahuciadas. Es importante hacer esta distinción. Significa que existía un volumen muy elevado de contratos cuya situación podía cambiar durante el año y que, en un mercado con alquileres muy elevados, la renovación podía convertirse en un problema para determinados hogares.
¿Y las hipotecas?
El problema tampoco se limita al alquiler. Los datos del Instituto Nacional de Estadística muestran que en el segundo trimestre de 2026 se registraron 81 ejecuciones hipotecarias sobre fincas en Baleares, de las cuales 63 correspondieron a viviendas.
De esas 63 viviendas, 61 eran usadas y 60 pertenecían a personas físicas. Aquí también hay que diferenciar conceptos. Una ejecución hipotecaria no equivale automáticamente a un desahucio. Se trata de un procedimiento que puede acabar en la pérdida de la propiedad, pero no todas las ejecuciones terminan necesariamente en un lanzamiento inmediato.
Los datos del INE reflejan las certificaciones de ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en los registros de la propiedad.
Una estadística que puede ocultar parte del problema
La diferencia entre los datos oficiales y lo que denuncian las organizaciones sociales resulta especialmente interesante. Por un lado, el CGPJ refleja una caída muy importante de los lanzamientos judiciales.
Por otro, la PAH y otras organizaciones de vivienda hablan de una situación complicada para personas que se enfrentan a finalizaciones de contrato, subidas de alquiler y falta de alternativas habitacionales. No necesariamente existe una contradicción entre ambas cosas.
Simplemente están midiendo fenómenos diferentes. Un lanzamiento judicial es un acontecimiento concreto que llega a los tribunales y se ejecuta. La pérdida de una vivienda por no poder asumir un nuevo alquiler puede producirse sin que exista un desahucio judicial.
Casos que han puesto el problema en primer plano
Durante 2026 varios casos ocurridos en Palma han vuelto a colocar los problemas de vivienda en el centro del debate. En junio, por ejemplo, una mujer víctima de violencia de género fue desahuciada de la vivienda en la que residía de alquiler desde 2018 en Santa Catalina. La plataforma Stop Desnonaments Mallorca denunció públicamente el caso y cuestionó el procedimiento seguido.
Ese mismo mes se produjo también el desalojo de la antigua cárcel de Palma, donde habían llegado a vivir más de 200 personas sin hogar. En el momento del operativo permanecían allí alrededor de 70 personas. El Ayuntamiento justificó la intervención por cuestiones de seguridad y condiciones del inmueble, mientras diferentes organizaciones cuestionaron la falta de alternativas habitacionales suficientes.
Son situaciones diferentes, pero tienen un elemento común: la dificultad de encontrar una alternativa cuando una persona pierde el lugar donde vive.
La preocupación por los mayores
La situación también está generando especial preocupación entre las personas mayores. La PAH de Baleares ha alertado recientemente de casos de personas de edad avanzada que se enfrentan a la pérdida de sus viviendas y sostiene que determinadas zonas de Palma están experimentando un aumento de los problemas vinculados a finalizaciones de contrato y operaciones inmobiliarias.
Son afirmaciones de la organización y deben entenderse como tal, pero reflejan una preocupación que se ha hecho visible en distintos barrios de la ciudad. Para una persona joven, perder un alquiler ya puede ser un problema enorme. Para una persona de 70, 80 o 90 años que lleva décadas viviendo en el mismo domicilio, encontrar una alternativa puede resultar todavía más complicado.
¿Qué está haciendo la Administración?
El Govern balear mantiene actualmente diferentes medidas destinadas a aumentar la oferta de alquiler y facilitar el acceso a la vivienda. Entre ellas está el programa Alquiler Seguro, que incorpora determinadas viviendas vacías o procedentes de otros usos al mercado de alquiler.
En Mallorca y Menorca, el programa establece un precio máximo de 1.500 euros para el propietario y de 1.050 euros para el inquilino. También existe el parque de vivienda pública gestionado por el IBAVI, aunque la demanda supera ampliamente la oferta disponible y las adjudicaciones se realizan mediante procedimientos y convocatorias específicas.
La cuestión de fondo sigue siendo cuánto tiempo se necesita para que las nuevas viviendas y medidas tengan un impacto suficiente sobre un mercado especialmente tensionado.
Entonces, ¿hay más o menos desahucios en Mallorca?
La respuesta depende de qué estemos midiendo. Si hablamos de lanzamientos judiciales ejecutados, han bajado considerablemente. Los 54 registrados en Baleares durante el primer trimestre de 2026 suponen un descenso del 80,1 % respecto al mismo periodo del año anterior.
Pero si hablamos del riesgo de perder una vivienda, la situación continúa siendo preocupante para determinados colectivos. Los elevados alquileres, las dificultades para renovar contratos, las subidas de renta, la escasez de vivienda asequible y la limitada oferta pública hacen que muchas familias sigan viviendo al límite.
Y en una isla como Mallorca, donde el precio de la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales, la cuestión va mucho más allá de los desahucios que terminan en los juzgados.
El verdadero problema es poder seguir viviendo en Mallorca
Quizá esa sea la mejor manera de entender la situación. El problema no es únicamente cuántas personas son desahuciadas cada año. También importa cuántas personas se ven obligadas a abandonar el barrio donde han vivido, regresar a casa de sus familiares, compartir vivienda, aceptar habitaciones o marcharse de Mallorca porque ya no pueden asumir el precio de un alquiler.
Esas situaciones no siempre aparecen en una estadística de desahucios. Pero también forman parte de la crisis de vivienda.
Mallorca continúa siendo uno de los territorios donde el acceso a la vivienda supone un esfuerzo especialmente elevado. Y mientras los datos judiciales muestran una caída de los lanzamientos, la presión sobre el alquiler y la dificultad para encontrar una vivienda asequible siguen siendo una realidad para miles de personas.
En 2026, por tanto, hablar de desahucios en Mallorca no consiste únicamente en contar puertas que se cierran. También consiste en preguntarse cuántas personas pueden seguir permitiéndose tener una llave.
